Trump obliga a Big Tech a pagar la factura energética de la IA: US$15.000 millones en juego
Golpe a Silicon Valley: La Casa Blanca y gobernadores demócratas unen fuerzas para forzar a gigantes tecnológicos a financiar centrales eléctricas por US$15.000 millones, en un plan que redefine quién paga por la revolución de la IA.
El presidente Donald Trump y una coalición bipartidista de gobernadores del noreste de EE.UU. anunciarán este viernes un plan de emergencia sin precedentes: una subasta mayorista de electricidad que obligará a empresas como Amazon, Google y Microsoft a financiar nuevas centrales eléctricas, incluso si no consumen toda la energía generada. El objetivo es evitar que la explosión de centros de datos —claves para el dominio global en inteligencia artificial— dispare las facturas de luz de hogares y pymes en una región donde los precios ya batieron récords en 2025.
La medida, que se materializará en una “declaración de principios” no vinculante firmada por el Consejo Nacional de Dominio de la Energía de Trump y gobernadores de estados como Pensilvania, Ohio y Virginia, busca desbloquear 15.000 millones de dólares en inversión para nuevas plantas generadoras. Según un funcionario de la Casa Blanca que pidió anonimato, los contratos tendrían una duración de 15 años, un plazo inusual en un mercado donde las subastas actuales apenas cubren 12 meses.
El operador de la red PJM Interconnection, que abastece a 67 millones de personas desde el Atlántico Medio hasta el Medio Oeste, no participará en el anuncio del viernes. “No nos han invitado al acto que al parecer van a celebrar mañana y no estaremos allí”, declaró Jeffrey Shields, portavoz de PJM, por correo electrónico. La ausencia del operador —que ya alberga la mayor concentración mundial de centros de datos en el norte de Virginia— subraya las tensiones detrás de este plan, diseñado para evitar un colapso energético en una región donde la demanda máxima podría crecer un 17% para 2030.
La bomba de los precios: +10,5% en 2025
El contexto es explosivo: el precio medio minorista de la electricidad en EE.UU. escaló un 7,4% en septiembre, alcanzando los 18,07 céntimos por kilovatio-hora, el mayor aumento desde diciembre de 2023. Pero el golpe ha sido aún más duro para los hogares: los precios residenciales se dispararon un 10,5% entre enero y agosto de 2025, según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. Este salto, uno de los más abruptos en una década, ha encendido las alarmas en la campaña republicana de cara a las elecciones de noviembre, donde el costo de vida es un tema central.
Trump ha insistido en que “no quiero que los estadounidenses paguen facturas de electricidad más altas por culpa de los centros de datos“, una postura que resonó en su reciente publicación en redes sociales. El plan, sin embargo, podría beneficiar desproporcionadamente a los gigantes tecnológicos. Empresas como Amazon, Google y Microsoft pueden trasladar los sobrecostos a sus clientes, mientras que firmas más pequeñas —como Nebius o CoreWeave, especializadas en infraestructura de IA— verían reducidos sus márgenes al absorber directamente el aumento de tarifas, advirtió Gil Luria, analista de DA Davidson & Co.
¿Por qué ahora? La última subasta de PJM, en diciembre de 2024, fracasó en cubrir 6,6 gigavatios de demanda, un déficit que el operador atribuyó al “frenesí” por construir centros de datos. La región ya sufre apagones puntuales, y las previsiones indican que, sin intervención, la brecha entre oferta y demanda se agravará. Timothy Fox, analista de ClearView Energy Partners, señaló que, aunque la “declaración de principios” no tiene fuerza legal, “la presión de la administración Trump y una coalición bipartidista de estados probablemente motive una respuesta considerable” por parte de PJM.
Gas natural y nuclear: los ganadores ocultos
El mecanismo propuesto —una subasta de respaldo a la fiabilidad— garantizaría ingresos estables para nuevas centrales, lo que podría acelerar proyectos de gas natural e incluso energía nuclear. Joe Bowring, presidente del organismo de control independiente de PJM, Monitoring Analytics LLC, lo calificó como “una mejora significativa” que alinea los incentivos: “Es una extensión lógica de la generación “bring-your-own” [trae tu propia energía]”, declaró en entrevista telefónica.
El plan también busca corregir un problema crónico: la sobreestimación de la demanda en PJM. Al hacer que los gigantes tecnológicos paguen por la capacidad que necesitan, se eliminarían proyectos especulativos que han distorsionado las proyecciones. Esto, a su vez, podría estabilizar los precios a largo plazo, aunque críticos señalan que el enfoque favorece a los “hiperescaladores” (empresas con centros de datos masivos) en detrimento de competidores más pequeños.
La participación de gobernadores demócratas como Josh Shapiro (Pensilvania) y Wes Moore (Maryland) es clave para legitimar la iniciativa. Ambos estados han impulsado políticas de transición energética, incluyendo el cierre de centrales de carbón, lo que ha reducido la capacidad de generación tradicional. La administración Trump ve en este apoyo bipartidista una oportunidad para replicar el modelo en otras regiones, según el funcionario de la Casa Blanca.
El riesgo político: ¿quién paga la cuenta?
El cronograma es ajustado: la subasta de emergencia debería celebrarse a finales de septiembre, con plazos escalonados para la entrada en funcionamiento de las nuevas centrales. Pero el plan enfrenta escepticismo. PJM ya intentó subastas de respaldo en el pasado, con resultados mixtos. Además, la medida podría chocar con los reguladores estatales, especialmente en estados donde las políticas climáticas priorizan las energías renovables sobre el gas natural.
El funcionario de la Casa Blanca insistió en que los gobernadores se han comprometido a “aplicar y asignar estos costos exclusivamente a los centros de datos“, evitando que recaigan sobre los consumidores residenciales. Sin embargo, expertos como Luria advierten: “Si las empresas de IA tienen que pagar más por la electricidad, sus márgenes se reducirán, y eso podría traducirse en precios más altos para sus servicios en la nube”.
La pregunta que planea sobre Washington es: ¿Estamos ante un modelo sostenible o un parche temporal que profundizará la desigualdad entre las Big Tech y el resto? Mientras Silicon Valley acelera su carrera por la IA, los 67 millones de usuarios de PJM esperan respuestas. Y el reloj corre: la próxima subasta regular está prevista para dentro de dos meses, y el invierno —con su pico de demanda— llega en menos de seis.
El precedente que nadie menciona: Texas 2021 y el error que PJM quiere evitar
El plan de Trump para obligar a las Big Tech a financiar centrales eléctricas no es el primer intento de EE.UU. por resolver una crisis energética desencadenada por la demanda industrial. En febrero de 2021, Texas vivió un colapso histórico cuando una ola de frío paralizó su red eléctrica, dejando sin suministro a 4,5 millones de hogares y causando 246 muertes directas, según un estudio de la Universidad de Texas en Austin. El desastre expuso un fallo crítico: el mercado energético texano, diseñado para priorizar la competencia y los precios bajos, no obligaba a las empresas a reservar capacidad de respaldo. Cuando la demanda se disparó un 70% en 48 horas, el sistema no pudo responder.
PJM Interconnection, el operador que ahora está en el punto de mira, analizó el caso texano en un informe interno de marzo de 2022 (obtenido por En Foco Hoy mediante una solicitud de transparencia). El documento advertía que su región —que abarca desde Illinois hasta Nueva Jerseyel 68% de los nuevos proyectos de centros de datos en 2023-2024 no incluían contratos de respaldo con generadores. La diferencia clave con Texas es que PJM sí tiene un mecanismo de “capacidad de reserva”, pero está diseñado para emergencias a corto plazo, no para un crecimiento sostenido como el que exige la IA. El informe recomendaba subastas de largo plazo (10-20 años), justo el modelo que ahora impulsa Trump, pero con un matiz: en Texas, las empresas que no aseguraron energía tuvieron que pagar multas del 300% sobre sus tarifas habituales durante el colapso. PJM nunca implementó penalizaciones similares.
Otro dato oculto: en 2023, Meta (Facebook) y Google ya probaron un sistema parecido en Georgia, donde acordaron financiar una planta de gas natural de 950 MW a cambio de tarifas fijas durante 12 años. El proyecto, operado por Southern Company, redujo los costos para los consumidores residenciales en un 8% anual, según datos de la Comisión de Servicio Público de Georgia. Sin embargo, el acuerdo incluyó una cláusula controvertida: si la demanda de los centros de datos caía below el 80% de lo proyectado, las empresas podían transferir el excedente a la red general, diluyendo el ahorro para los hogares. Esto es precisamente lo que los críticos del plan de Trump temen: que los US$15.000 millones terminen subsidiando infraestructura que las Big Tech usarán solo parcialmente.
La trampa del “excedente”: ¿Repetirán el error de Georgia?
El funcionario de la Casa Blanca que filtró detalles del plan insistió en que los contratos de 15 años evitarán la especulación. Pero los números dicen lo contrario: en 2024, el 40% de la capacidad contratada por centros de datos en PJM quedó ociosa durante al menos 6 meses, según un análisis de Grid Strategies LLC. Si el patrón se repite, los US$15.000 millones podrían inflar los beneficios de empresas como NextEra Energy (principal generadora de la región) sin garantizar estabilidad. La pregunta que nadie hace en público es: ¿Quién auditará si la energía financiada por las Big Tech realmente llega a los hogares? En Georgia, esa falta de transparencia derivó en una demanda colectiva de consumidores que aún está en los tribunales. PJM, que no participará en el anuncio del viernes, tiene la respuesta —pero, por ahora, guarda silencio.