EEUU imputa a Raúl Castro por derribo de aviones en 1996: 4 muertos y una conspiración al descubierto
Justicia tardía: Casi tres décadas después, EEUU acusa formalmente al expresidente cubano por un crimen que conmocionó al mundo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro (94 años), por su participación en el derribo de dos aviones civiles en 1996, un ataque que costó la vida a tres estadounidenses y un residente legal en el país. Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos que realizaba misiones humanitarias en el estrecho de Florida.
Según la acusación, presentada por fiscales federales en Miami, Castro y otros cinco altos cargos del régimen —Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez— planificaron una “conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses”, además de enfrentar cargos por destrucción de aeronaves y cuatro homicidios. Las penas podrían incluir cadena perpetua o incluso la muerte, de ser declarados culpables.
El fiscal general, Todd Blanche, destacó durante una rueda de prensa frente a la Torre de la Libertad de Miami —símbolo de la diáspora cubana— que esta es “la primera vez en casi 70 años” que altos funcionarios del régimen son acusados formalmente por un crimen de esta magnitud. “Si matan a estadounidenses, los perseguiremos, sin importar quiénes sean o cuánto tiempo haya pasado”, declaró Blanche, citando el compromiso del entonces presidente Donald Trump con la justicia transnacional.
La operación militar que conmocionó al mundo
Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando aviones Mig-29 de la Fuerza Aérea Cubana dispararon misiles aire-aire contra las aeronaves civiles, matando a los pilotos Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Según la acusación, el Gobierno cubano había infiltrado agentes en Hermanos al Rescate para recopilar información sobre sus vuelos humanitarios, que buscaban rescatar a migrantes en el estrecho de Florida.
Las órdenes para el ataque, según los fiscales, “se transmitían a través de la cadena de mando”, con Raúl Castro —entonces ministro de Defensa bajo el gobierno de su hermano Fidel Castro— y la cúpula militar como responsables últimos de la decisión. En las semanas previas al derribo, pilotos cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento específicos para interceptar aeronaves civiles de baja velocidad, lo que demuestra, según la acusación, una planificación deliberada.
El caso no es nuevo: en 2003, EEUU ya había iniciado un proceso penal contra tres oficiales militares cubanos por el mismo incidente, aunque nunca fueron extraditados. La novedad ahora es la inclusión de Raúl Castro y otros altos cargos, lo que eleva el perfil político de la acusación. Hermanos al Rescate, fundada en 1991 por el exiliado José Basulto —quien sobrevivió al ataque—, había sido reconocida incluso por Fidel Castro, quien justificó el derribo alegando una “violación del espacio aéreo cubano”, versión que EEUU siempre ha rechazado.
Contexto: crisis en Cuba y tensiones con EEUU
La imputación llega en un momento de profunda crisis en Cuba, agravada por el endurecimiento del bloqueo estadounidense tras la operación militar en Caracas (2024), que dejó más de 100 muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Este escenario geopolítico añade presión sobre La Habana, donde el régimen enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustible.
El derribo de 1996 marcó un punto de no retorno en las relaciones entre EEUU y Cuba, ya tensas por el embargo y la cuestión migratoria. Hermanos al Rescate había salvado a cientos de “balseros” en el mar, pero su activismo político —incluyendo el lanzamiento de panfletos sobre la isla— la convirtió en un blanco para el Gobierno cubano. La organización fue disuelta tras el ataque, aunque su legado persiste en la comunidad exiliada.
La acusación contra Raúl Castro reabre heridas en Miami, donde la comunidad cubanoamericana ha exigido justicia durante décadas. ¿Podrá EEUU lograr la extradición de los acusados, o este será otro capítulo de impunidad en un conflicto que ya suma 60 años?
El precedente legal que EEUU intenta romper: de Pinochet a los Castro
La imputación contra Raúl Castro no es solo un gesto simbólico: es el intento más audaz de EEUU por aplicar el principio de jurisdicción universal contra un exjefe de Estado latinoamericano desde el caso Augusto Pinochet en 1998. Entonces, el dictador chileno fue detenido en Londres por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen (1973-1990), gracias a una orden del juez español Baltasar Garzón. El proceso, aunque finalmente no prosperó por su estado de salud, sentó un precedente: por primera vez, un exmandatario perdió su inmunidad soberana. Ahora, Washington busca replicar —y superar— ese hito.
Sin embargo, hay dos obstáculos clave que diferencian ambos casos. Primero, Pinochet ya no estaba en el poder cuando fue detenido, mientras que el régimen cubano sigue intacto, con Miguel Díaz-Canel como figura decorativa pero los Castro (Raúl y su hijo, el general Alejandro Castro Espín) manteniendo el control real sobre las Fuerzas Armadas. Segundo, EEUU no tiene tratado de extradición con Cuba, y la isla ha ignorado sistemáticamente las peticiones judiciales estadounidenses desde 1959. En 2003, cuando EEUU acusó a tres pilotos cubanos por el mismo derribo, La Habana respondió con un juicio simulacro contra los líderes de *Hermanos al Rescate*, condenándolos *in absentia* a 30 años de prisión.
El fiscal Todd Blanche mencionó en su rueda de prensa un dato revelador: desde 1961, solo dos altos funcionarios cubanos han sido extraditados a EEUU —ambos por narcotráfico en los 90—. La estrategia ahora podría pasar por congelar activos de los acusados en terceros países (como los $18 millones de Raúl Castro en bancos suizos, según filtraciones de 2016) o presionar a aliados como España o México, donde algunos imputados tienen propiedades. Pero el verdadero test será si la Interpol emite una notificación roja contra Castro, algo que solo ha ocurrido con tres exjefes de Estado en la historia (el panameño Manuel Noriega, el liberiano Charles Taylor y el sudanés Omar al-Bashir).
¿Justicia o presión geopolítica?
La acusación llega cuando Cuba depende más que nunca de Rusia y China para sobrevivir: en 2023, el 40% del petróleo de la isla llegó de Moscú, y Pekín canceló $2.800 millones de su deuda. Si Washington logra que la Corte Penal Internacional (donde Cuba no es miembro) revise el caso, podría aislar aún más al régimen. Pero hay un riesgo: que la medida unifique a las élites cubanas en torno a la narrativa de *«agresión imperialista»*, como ocurrió en 2021 tras las protestas del 11J, cuando el discurso de *«patria o muerte»* revitalizó el apoyo castrista. La pregunta no es si Castro pisará una corte estadounidense, sino si esta imputación acelerará el colapso de un sistema que ya respira por respiradores.