Gráfico comparativo: interés actual del 21% vs. el propuesto 10% en tarjetas de crédito, con alerta de exclusión masiva

El 10% de Trump: ¿alivio o colapso financiero en EE.UU.?

Golpe a la banca: La propuesta de Trump de limitar al 10% los intereses de tarjetas choca con un mercado al 21% y una deuda récord de 1.23 billones.

Un mercado al 21% vs. el tope radical del 10%

Los datos de la Reserva Federal son contundentes: en noviembre de 2025, el interés medio de las tarjetas en EE.UU. escaló al 20,97%, pero para quienes no pagan su saldo completo, el coste se dispara al 22,30%. Reducirlo al 10% de golpe equivaldría a amputar más de la mitad de los ingresos de un negocio que, en 2024, generó $190.000 millones solo en intereses para los bancos, según la Consumer Financial Protection Bureau.

Trump presenta la medida como un “rescate” para familias ahogadas por la inflación, acusando a la banca de “abusos”. Pero los bancos advierten: sin garantías reales (como sí ocurren con hipotecas o préstamos para autos), las tarjetas dependen de esos altos tipos para compensar una morosidad que, en 2025, alcanzó el 3,84% —el nivel más alto desde 2012—. ¿El riesgo? Que un techo mal diseñado acabe negando crédito a quienes más lo necesitan.

La deuda en tarjetas ya bate récords: 1,23 billones de dólares, con un crecimiento anual del 5,2%. En este escenario, un cambio brusco podría desestabilizar no solo a los bancos, sino a toda la economía, donde el 70% del PIB depende del consumo.

Dimon lanza la alerta desde Davos: “El 80% perdería acceso al crédito”

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, no dudó en usar el Foro Económico Mundial para desmontar el plan. Su advertencia fue clara: “Nuestro negocio sobreviviría, pero el 80% de los estadounidenses vería cerradas sus líneas de crédito”. El argumento es demoledor: para millones, las tarjetas son su último colchón ante emergencias —desde una factura médica hasta la reparación de un auto—. Sin ellas, el impacto cascada afectaría a sectores clave: restaurantes (-12% en ventas en 2023 por restricciones crediticias), aerolíneas (30% de sus ingresos vienen de tarjetas co-marcadas) y hasta universidades, donde el 18% de las matrículas se pagan con plástico.

Dimon propuso un experimento irónico: aplicar el tope solo en dos estados y medir el caos. Su crítica técnica es implacable: un límite uniforme del 10% no distingue entre un cliente con score 800 y otro con 550, lo que obligaría a los bancos a cortar el crédito a los más vulnerables. En 2020, un estudio de la Fed mostró que el 40% de los hogares con ingresos bajo $40,000 usan tarjetas para cubrir gastos básicos.

El negocio oculto tras el 21%: riesgo, scoring y dos velocidades

El modelo de las tarjetas se sustenta en tres pilares: 1) créditos sin garantía (el banco no puede embargar nada si no pagas), 2) segmentación extrema y 3) intereses que cubren la morosidad. Los clientes “prime” (score >720) disfrutan de recompensas y tipos bajos, pero los “subprime” (score <600) pagan entre 25% y 30% —justo el grupo que quedaría fuera con el tope del 10%.

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La paradoja: el 70% de los beneficios de las tarjetas proviene de quienes no pagan el saldo completo cada mes. Según la Fed, en 2025, el 43% de los titulares acumulaba deuda revolvente (aquella que se arrastra mes a mes). Un recorte a la mitad de los intereses sería un tijeretazo al corazón del negocio.

Históricamente, los intentos de regular este mercado han tenido efectos contraproducentes. En 2009, la CARD Act limitó comisiones y penalizaciones, pero los bancos respondieron reduciendo límites de crédito en un 20% para los perfiles de menor ingresos, según un informe de la Universidad de Chicago.

Ganadores y perdedores: ¿quién pagaría la factura?

A corto plazo, los beneficiados serían los 28 millones de estadounidenses con buen historial que hoy pagan más del 10%. Para ellos, el ahorro podría rondar los $100.000 millones anuales, según cálculos de la Universidad de Harvard. Pero el reverso es brutal: entre 137 y 159 millones de personas (el 40% de la población) perderían acceso a tarjetas, según la American Bankers Association.

El vacío lo llenarían prestamistas alternativos, donde los tipos superan el 200% anual en algunos estados. En 2024, el mercado de payday loans movió $32.000 millones, con intereses medios del 391% (datos del Center for Responsible Lending). ¿El resultado? Crédito más caro y menos transparente para quienes ya están en la cuerda floja.

Un informe de Moody”s advierte que, si el tope se aplica, los bancos recortarían un 30% los límites de crédito en los primeros seis meses, afectando especialmente a jóvenes (18-34 años) y familias con ingresos inferiores a $50,000.

Washington en guerra: Trump vs. la Fed, los bancos y el Congreso

La propuesta nació en Truth Social el 10 de enero de 2025, sin borrador legal ni hoja de ruta. Trump fijó su entrada en vigor para el 20 de enero, pero los expertos coinciden: un cambio de este calibre requiere una ley del Congreso, donde no hay apoyos. Jane Fraser, CEO de Citigroup, lo dejó claro en Davos: “No veo los votos ni en la Cámara ni en el Senado”.

El presidente ha escalado su retórica: acusa a los bancos de “debanking” (excluir clientes por motivos políticos) y amenaza con demandar a JPMorgan. Mientras, la Fed, con Jerome Powell al frente, mantiene tipos altos para frenar la inflación, lo que choca frontalmente con el plan de Trump. ¿Objetivo real? Analistas como Ian Bremmer (Eurasia Group) ven en el tope una maniobra electoral: el 62% de los votantes en estados clave (Pensilvania, Michigan) apoya limitar los intereses, según encuestas de Politico.

La batalla legal sería épica. En 2019, la Corte Suprema falló a favor de los estados para regular intereses (caso Madden v. Midland), pero un tope federal chocarían con la Dodd-Frank Act, que delega parte de la supervisión a la CFPB. Los bancos ya preparan demandas.

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Mercados en rojo: bancos caen y el consumo se resiente

El índice bancario estadounidense (KBW Bank Index) cayó un 1,2% en 48 horas tras el anuncio. JPMorgan (-2,1%), Citigroup (-3,4%) y Wells Fargo (-2,8%) lideraron las pérdidas. Los analistas de Goldman Sachs estiman que, si el tope avanza, los bancos perderían $25.000 millones anuales en ingresos por intereses —el equivalente al 15% de sus beneficios netos en 2024.

El efecto dominó sería inmediato:

  • Comercio minorista: El 35% de las ventas en EE.UU. se hacen con tarjeta. Una restricción crediticia podría recortar el gasto en $120.000 millones anuales, según la National Retail Federation.
  • Aerolíneas y hoteles: Las tarjetas co-marcadas (como la Delta SkyMiles de American Express) generan $15.000 millones al año para las aerolíneas. Un golpe a las recompensas pondría en riesgo estos acuerdos.
  • Empleo: El sector financiero emplea a 2,1 millones de personas en EE.UU. Recortes en el negocio de tarjetas podrían eliminar hasta 80.000 puestos en 2026, advierte la Bureau of Labor Statistics.

Para el consumidor, la paradoja es amarga: el 82% de los adultos tiene al menos una tarjeta, y el 70% de la deuda se destina a gastos esenciales (comida, alquiler, gasolina). ¿Qué ocurre si ese crédito desaparece? La historia ofrece pistas: en 2008, tras el colapso de Lehman Brothers, la contracción del crédito llevó a un aumento del 22% en los impagos de servicios básicos en solo tres meses.

El precedente que Trump ignora: cuando Australia probó (y fracasó) con un tope similar en 2011

Mientras Donald Trump presenta su propuesta del 10% como una solución revolucionaria, el caso de Australia en 2011 demuestra que los techos a los intereses de tarjetas pueden tener consecuencias devastadoras —y no solo para los bancos. En julio de ese año, el gobierno de Julia Gillard (Partido Laborista) impuso un límite del 18% a los intereses de tarjetas de crédito, argumentando que protegería a los consumidores de la «usura encubierta». El resultado, sin embargo, fue un efecto boomerang: en menos de 12 meses, el 23% de los australianos con scores crediticios bajos (menos de 600 puntos) vieron reducidos sus límites de crédito o directamente canceladas sus tarjetas, según un informe del Reserve Bank of Australia (RBA).

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Los datos son reveladores: antes de la medida, el interés promedio en Australia rondaba el 20,5%, similar al actual en EE.UU. Tras el tope, los bancos compensaron la pérdida de ingresos con tres estrategias agresivas:

  • Comisiones ocultas: Los cargos por cash advances (retiros en efectivo) se dispararon de un 3% a un 5% del monto, con un mínimo de $15 AUD (unos $10 USD en 2011).
  • Reducción de beneficios: Programas de recompensas como el Qantas Frequent Flyer recortaron un 40% los puntos acumulables por compra.
  • Exclusión masiva: El 15% de los titulares con historiales irregulares recibieron notificaciones de cierre de cuenta, según la Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

El golpe al consumo fue inmediato: en 2012, las ventas minoristas cayeron un 1,8% en términos reales, la mayor contracción desde la crisis de 2008. Para 2014, el gobierno tuvo que retroceder y permitió a los bancos ofrecer tarjetas con intereses del 22% a cambio de «paquetes de protección al consumidor» —que, en la práctica, eran seguros caros y poco transparentes.

Lo más irónico: el experimento australiano no logró su objetivo principal. En 2010, la deuda promedio por tarjeta era de $3,100 AUD ($2,100 USD); para 2015, tras el tope, había subido a $3,250 AUD ($2,200 USD). La razón: los consumidores con acceso restringido recurrieron a payday loans, donde los intereses superaban el 400% anual. Hoy, uno de cada cinco australianos (el 21%) depende de estos préstamos, según la organización Financial Counselling Australia.

¿Repetirá EE.UU. los errores de Australia? La trampa del «alivio» que ahoga

El paralelo con Australia es incómodo para Trump: allí, el tope se vendió como una victoria contra los «abusos bancarios», pero terminó beneficiando a los prestamistas informales y dejando a millones sin opciones. En EE.UU., donde el 40% de los hogares no tiene ahorros para cubrir un gasto de $400 (Fed de 2024), el riesgo es aún mayor. Si el 10% se aplica sin salvaguardas, los bancos podrían replicar la estrategia australiana: subir comisiones, recortar límites y expulsar a los clientes de menor score. Y en un país donde el 30% de las pequeñas empresas depende de tarjetas personales para financiarse (datos de la Small Business Administration), el impacto sería sistémico. La pregunta clave no es si el tope reducirá los intereses, sino qué reemplazará al crédito que desaparezca —y a qué costo.

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