Muerte en la DP-0812: motorista fallece en curva sin protección en Sada

Curva letal: Un motorista de 42 años perdió la vida este sábado en Sada (A Coruña) al chocar frontalmente contra una furgoneta en el kilómetro 1 de la DP-0812, un tramo con cinco muertes en cinco años y sin quitamiedos.

El siniestro ocurrió a las 12:05 horas en Samoedo, una curva cerrada donde la visibilidad se reduce a menos de 50 metros en días de niebla. Testigos relataron al 112 Galicia que la furgoneta podría haber invadido el carril contrario al maniobrar. Los servicios del 061 confirmaron el fallecimiento in situ: el impacto fue tan violento que ni el casco —obligatorio y que el motorista llevaba puesto— pudo evitar el desenlace trágico. Este es el tercer accidente grave en lo que va de 2024 en este mismo punto, según la Dirección Xeral de Tráfico (DXT).

La Guardia Civil investiga las causas, pero el patrón se repite: en marzo de 2022, otro motorista murió aquí al colisionar con un turismo que adelantaba en zona prohibida. La sentencia judicial de julio de 2023 condenó al conductor a 3 años de prisión, pero el juez incluyó un voto particular clave: la falta de barreras físicas en la curva “agravó las consecuencias del error humano”. Un argumento que ahora podrían usar los familiares de la última víctima, vecino de Bergondo.

¿Por qué una carretera secundaria como la DP-0812 sigue cobrándose vidas? Los vecinos exigen desde 2019 señalización antideslizante y quitamiedos, pero las obras prometidas —un proyecto de 1,2 millones de euros— nunca se ejecutaron. Mientras, carreteras como la AC-112 (Betanzos-Miño) recibieron mejoras en 2023 tras registrar solo un accidente grave en el mismo período.

DP-0812: una “trampa mortal” con historial de impunidad

El kilómetro 1 de la DP-0812, donde ocurrió el último accidente, es un punto negro oficial: cinco fallecidos desde 2019, tres de ellos motoristas. Todos en curvas sin protección. Un informe de la Consellería de Infraestruturas de octubre de 2021 ya alertaba de que la vía incumplía dos normas clave: la UNE-EN 1317 (sistemas de contención) y la Orden FOM/3053/2008, que exige señalización reflectante en curvas con radio inferior a 100 metros. Pese a ello, las soluciones propuestas —quitamiedos de doble onda y repintado de líneas— siguen en un cajón.

El colectivo #DP0812Segura, formado por motoristas de la zona, denuncia que la Xunta incumple su propia Ley de Seguridad Vial (2/2021), que obliga a actuar en vías con más de dos muertes en dos años. Con este último siniestro, el plazo para presentar un plan de obras es de 90 días, pero las audiencias públicas pueden alargarlo. Mientras, exigen aplicar ya la medida temporal que la DXT propuso en 2022: reducir el límite a 50 km/h en el tramo crítico y colocar balizas luminosas. ¿Por qué carreteras con menos accidentes, como la AC-112, recibieron mejoras prioritarias?

¿Cuántas sentencias más harán falta para actuar?

En 2022, un juez ya vinculó la falta de barreras en la DP-0812 con el agravamiento de un accidente mortal. Ahora, con tres víctimas en 2024 y un historial de cinco muertes en cinco años, la presión sobre la Xunta es máxima. El colectivo #DP0812Segura ha anunciado movilizaciones y una demanda colectiva si no se actúa en 30 días. Pero el precedentes no invita al optimismo: en 2020, tras otra muerte en este mismo tramo, las promesas de obras se diluyeron en trámites burocráticos. ¿Será esta víctima la que finalmente fuerce un cambio, o habrá que lamentar otra?

La AC-112 vs. DP-0812: ¿Por qué una carretera con menos muertes recibió 1,8 millones en mejoras?

Mientras la DP-0812 acumula cinco fallecidos en cinco años sin actuar, la AC-112 (Betanzos-Miño) recibió en 2023 un paquete de 1,8 millones de euros para reformas tras registrar un solo accidente grave en el mismo período. La diferencia no es casual: la AC-112 conecta dos polígonos industriales clave (Zona Franca de Betanzos y Parque Empresarial de Miño), por donde transitan 12.000 vehículos diarios, según datos de la Consellería de Economía. En cambio, la DP-0812, aunque es vía de acceso a Sada y Bergondo (con 8.000 habitantes combinados), no figura en el Plan Gallego de Infraestructuras 2021-2025 como prioritaria, pese a su letalidad.

El criterio de inversión sigue patrones económicos, no de seguridad. Un informe de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) de 2022 reveló que el 87% de los fondos para carreteras secundarias se destinan a vías con tráfico superior a 10.000 vehículos/día o que sirven a zonas con PIB per cápita alto (como las Rías Baixas). La DP-0812, con un tráfico medio de 4.200 vehículos y en una comarca de PIB medio-bajo (según el IGE 2023), quedó fuera. Pero hay más: en 2021, la Xunta invirtió 2,3 millones en la PO-552 (Pontevedra), otra secundaria, tras una campaña de los hosteleros de Combarro —que alegaron pérdida de turismo por el mal estado de la vía—. ¿Influye el lobby económico más que las vidas?

¿Basta un muerto en una carretera “rentable” para actuar?

La Ley de Seguridad Vial gallega (2/2021) obliga a intervenir en vías con dos muertes en dos años, pero la DP-0812 lleva cinco en cinco sin respuesta. Mientras, carreteras como la AC-112 —con un 80% menos de víctimas— obtuvieron fondos en menos de seis meses tras el accidente. El patrón sugiere que la Xunta prioriza inversiones con retorno económico inmediato (turismo, industria) sobre seguridad vial pura. Esta semana, el colectivo #DP0812Segura ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, alegando discriminación por densidad demográfica. La pregunta ahora es si una sentencia judicial —como la de 2022 que ya vinculó la falta de quitamiedos a un muerte— logrará lo que cinco víctimas no consiguieron: 1,2 millones para salvar vidas.