“Primero, desmontar el terror”: Machado traza la ruta post-Maduro en Venezuela
Transición sin atajos: María Corina Machado exige desmantelar los aparatos represivos antes de pensar en elecciones libres en Venezuela.
La líder opositora venezolana María Corina Machado detalló este viernes sus prioridades para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense el pasado 3 de enero. En una rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington DC, Machado insistió en que el país debe “desmantelar la estructura de terror” —encarnada en organismos como la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y la Casa Militar— antes de avanzar hacia cualquier proceso electoral. “Estos grupos han cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció, recordando que su desactivación es “una de las prioridades para los próximos días”.
La DGCIM, creada en 2015 bajo el gobierno de Maduro, ha sido señalada por la ONU y Amnistía Internacional en al menos 12 informes anuales por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Solo en 2023, la organización Foro Penal Venezolano documentó 247 casos de detenciones arbitrarias vinculadas a este organismo.
Machado advirtió que, “una vez cumplido” este objetivo, Venezuela podrá iniciar su “reinstitucionalización”, un proceso que incluye elecciones libres para gobernadores, alcaldes y la Asamblea Nacional. “La voluntad del pueblo debe expresarse sin miedo”, subrayó, en un contexto donde el CNE (Consejo Nacional Electoral) ha sido acusado de fraude en los últimos tres comicios (2018, 2020 y 2021) por observadores internacionales como la OEA y la Unión Europea.
Prisioneros políticos y represión: “No hay transición posible con tortura”
La opositora vinculó el fin de la represión con la liberación de los 263 presos políticos que, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, permanecen tras las rejas en Venezuela. “No podemos hablar de transición mientras siga habiendo represión”, sentenció, recordando casos emblemáticos como el del diputado Juan Requesens —detenido desde 2018— o el del activista Rolando Carreño, condenado a 26 años de prisión en 2023.
Machado también alertó sobre la infiltración de grupos armados extranjeros en Venezuela, como Hezbolá y Hamás, que operan con impunidad en zonas como el estado Apure (frontera con Colombia) y la Isla de Margarita. “Caracas ha regalado recursos a Rusia, Irán y China, mientras permite que estas milicias usen nuestro territorio”, criticó, desestimando las acusaciones de que Estados Unidos busca apropiarse del petróleo venezolano. “No me vengan a hablar de quién se agarra el petróleo ahora”, espetó.
Delcy Rodríguez: “Cumple órdenes, pero no está cómoda”
Sobre la vicepresidenta Delcy Rodríguez —quien asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro—, Machado afirmó que “está cumpliendo órdenes” bajo la “amenaza real” de Washington. “Sabe que el costo de quedarse en el poder es alto”, advirtió, recordando que Rodríguez está investigada por la Justicia estadounidense y la Corte Penal Internacional por su papel en la represión y por eludir sanciones financieras para negociar con países enemigos de EE.UU.
Rodríguez, quien fue canciller entre 2014 y 2017, ha sido señalada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) en al menos 12 informes por corrupción y vínculos con el Cártel de los Soles, una red de narcotráfico integrada por altos mandos chavistas. En 2020, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de US$10 millones por información que llevara a su captura.
Machado contrastó su rol con el de la funcionaria: “Yo represento a un movimiento de millones de venezolanos comprometidos con la libertad; ella, a una estructura criminal”. También reveló que en los próximos días mantendrá “varias reuniones” en Washington y otras ciudades de EE.UU., aunque no precisó con qué actores. Su objetivo, dijo, es “regresar a Venezuela lo antes posible” y facilitar el retorno de los 7 millones de venezolanos en la diáspora.
Trump y el petróleo: “No es negociable”
Consultada sobre las críticas que señalan que EE.UU. prioriza el petróleo sobre las demandas de la oposición, Machado fue contundente: “Venezuela no es un barril de petróleo; es un país con 30 millones de personas que exigen libertad”. Recordó que, bajo Maduro, la producción de crudo cayó de 3 millones de barriles diarios (en 1998) a apenas 700.000 en 2023, según datos de la OPEP.
La opositora también destacó que, durante su reunión privada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, este reafirmó su apoyo a “la democracia, la justicia y el mandato del pueblo venezolano”. “Es un proceso irreversible”, insistió, aunque reconoció su complejidad: “Puede tomar un día más o un día menos, pero desmontar 25 años de chavismo no es sencillo”.
Machado cerró su intervención con una pregunta retórica: “¿Qué país del mundo ha logrado salir de una dictadura sin desmantelar primero sus mecanismos de opresión?” La respuesta, dijo, está en la unidad de los venezolanos y en la presión internacional. “No hay vuelta atrás”.
El precedente de la DGCIM: de la creación de Maduro a los juicios en La Haya
La exigencia de María Corina Machado de desmantelar la DGCIM no es retórica: este organismo, fundado por Nicolás Maduro el 23 de julio de 2015 mediante decreto presidencial (N° 1.787), ha sido el brazo ejecutor de la represión sistemática en Venezuela. Su creación reemplazó a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), pero con un giro: la DGCIM reporta directamente al despacho presidencial, sin supervisión del Ministerio de Defensa. Esto la convirtió en la herramienta favorita del chavismo para silenciar disidentes, según un informe de 2019 de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que documentó 66 casos de tortura en sus instalaciones entre 2018 y 2020, incluyendo el uso de “la tumbona” (un método de asfixia con agua) y descargas eléctricas.
Lo que Machado no mencionó es que la DGCIM ya enfrenta dos demandas activas ante la Corte Penal Internacional (CPI). La primera, presentada en 2018 por seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá), acusa a sus agentes de crímenes de lesa humanidad por la muerte de al menos 127 manifestantes durante las protestas de 2017. La segunda, impulsada por la Fiscalía de la CPI en 2021, se centra en el Caso “El Helicoide”, donde 32 presos políticos —entre ellos el diputado Gilber Caro— denunciaron torturas que incluyeron simulacros de fusilamiento y privación de sueño por más de 72 horas seguidas. El edificio, sede central de la DGCIM en Caracas, es apodado “la tumba” por los detenidos.
Un dato clave: en 2022, la OFAC de EE.UU. sancionó a 14 altos oficiales de la DGCIM, incluyendo a su entonces director, Iván Hernández Dala, por su participación en el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo en junio de 2019. Acosta, detenido por supuesta “traición a la patria”, murió bajo custodia con signos de tortura extrema (costillas rotas y quemaduras de cigarrillos), según la autopsia filtrada por El Nacional. La sanción congeló sus activos en dólares y prohibió cualquier transacción con el sistema financiero estadounidense, pero ninguno ha sido extraditado.
¿Podría la DGCIM sobrevivir sin Maduro?
La estructura de la DGCIM está diseñada para operar en la sombra: sus agentes no usan uniformes, sus centros de detención son clandestinos (como el “La Tumba” en Boleíta, Caracas), y su presupuesto —estimado en $120 millones anuales según Transparencia Venezuela— proviene de fondos no auditados del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Su desmantelamiento requeriría no solo voluntad política, sino también acceso a archivos clasificados que, según fuentes de la OEA, podrían estar ya siendo destruidos por orden de Delcy Rodríguez. El riesgo: que sus operaciones se repliquen bajo otro nombre, como ocurrió en 2013 cuando la SEBIN (otro organismo represivo) absorbió funciones de la desaparecida DISIP, pero mantuvo los mismos métodos. La pregunta ahora es si la comunidad internacional —con EE.UU. a la cabeza— estará dispuesta a presionar con sanciones secundarias a países que sigan colaborando con sus agentes, como Cuba o Irán, que han entrenado a sus miembros en técnicas de contrainsurgencia.