Groenlandia bajo el paraguas de la UE: ¿qué implica el artículo 42.7 en el Ártico?

Blindaje europeo: Bruselas confirma que Groenlandia, territorio autónomo danés, está cubierta por la defensa mutua de la UE, incluso sin ser Estado miembro.

La Comisión Europea ha zanjado el debate: Groenlandia, aunque abandonó la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1985 mediante referéndum (con un 53% de votos a favor de la salida), sí está protegida por el artículo 42.7 del Tratado de la UE (TUE). Fuentes comunitarias revelaron a Europa Press que, ante una agresión armada externa, los 27 países del bloque deberían brindar “ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”, como establece el tratado desde su inclusión en el Tratado de Lisboa (2009). La clave legal radica en que Groenlandia, pese a su estatus autónomo, sigue siendo territorio danés —y Dinamarca es Estado miembro—. El artículo no distingue entre regiones metropolitanas o ultramarinas: solo exige que el ataque provenga de un actor externo (Estado o grupo no estatal) y ocurra en “territorio de un Estado miembro”.

Esta interpretación adquiere relevancia en un contexto donde el Ártico se ha convertido en un foco de tensión geopolítica, con EE.UU., China y Rusia compitiendo por influencia. Groenlandia, con su posición estratégica entre el Atlántico Norte y el Polo, alberga tres bases militares clave: la estadounidense Pituffik (Thule), la danesa Station Nord y la canadiense Alert, esta última a solo 800 km del Polo Norte.

¿Qué tipo de ayuda podría movilizar la UE?

El artículo 42.7 no detalla el tipo de asistencia, lo que genera un margen de ambigüedad estratégica. Según las fuentes consultadas, las opciones incluirían:

• Presión diplomática: sanciones económicas o aislamiento político del agresor, como ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.
• Apoyo técnico y médico: despliegue de equipos de emergencia o hospitales de campaña, similar a la respuesta de la UE a los terremotos en Turquía y Siria (2023), donde se enviaron 1.300 rescatistas y 80 toneladas de ayuda.
• Asistencia militar o civil: desde suministros humanitarios hasta tropas, siempre respetando la neutralidad de países como Irlanda o Austria, que no participan en operaciones ofensivas. Sin embargo, el despliegue debería alinearse con el derecho a la legítima defensa (artículo 51 de la Carta de la ONU) y no contradecir los compromisos de la UE en la OTAN, considerada el “fundamento de la defensa colectiva” europea.

El único precedente de activación del artículo 42.7 ocurrió en noviembre de 2015, tras los atentados de París (130 muertos). Francia invocó la cláusula, y la UE respondió con el refuerzo de la Operación Sentinelle —10.000 soldados y 4.700 policías desplegados en suelo francés— y un aumento de la cooperación antiterrorista. Fue la primera y única vez que se activó este mecanismo, lo que deja en el aire cómo reaccionaría el bloque ante un conflicto en el Ártico.

Groenlandia en el punto de mira: el interés de EE.UU. y China

La confirmación de Bruselas llega en un momento de escalada geopolítica en la región. Estados Unidos ha intensificado su presencia en Groenlandia desde 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump propuso “comprar la isla” a Dinamarca, generando un incidente diplomático sin precedentes. Desde entonces, Washington ha reactivado la base de Thule —clave durante la Guerra Fría para detectar misiles balísticos— y realizado ejercicios militares conjuntos con Copenhague, como el “Arctic Edge 2022”, que movilizó a 3.000 tropas de la OTAN.

Pero el interés no es solo militar. Groenlandia posee el 10% de las reservas mundiales de tierras raras —minerales esenciales para tecnologías verdes y sistemas de defensa—, según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS). Además, el deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales: se estima que, para 2030, el Paso del Noreste (que bordea Groenlandia) podría acortar en un 40% el trayecto entre Europa y Asia, ahorrando $300.000 por viaje en combustible, según la Administración Marítima Danesa. China, consciente de esto, ha invertido $120 millones desde 2016 en proyectos mineros y de infraestructura en la isla, lo que ha alertado a la OTAN.

Dudas legales: ¿puede un territorio no comunitario invocar la defensa europea?

A pesar del respaldo de Bruselas, expertos en derecho internacional, como el profesor Stefan Talmon de la Universidad de Bonn, cuestionan la aplicación del artículo 42.7 a Groenlandia. “El tratado fue diseñado pensando en territorios metropolitanoss, no en regiones autónomas con estatus especial”, advierte. La ambigüedad se agrava porque Groenlandia no contribuye al presupuesto de defensa de la UE ni participa en sus misiones militares, como la EUTM Mali o la Operación Atalanta contra la piratería.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha eludido pronunciarse sobre un hipotético conflicto con EE.UU. En una rueda de prensa esta semana, su respuesta fue evasiva: “No es una pregunta aplicable ahora”. No obstante, recordó que Groenlandia es “parte de la OTAN” y que su seguridad es “asunto esencial” para la Alianza, citando el lema: “Uno para todos, todos para uno”. Von der Leyen también destacó que la UE apoya a la isla “política, económica y financieramente”, con fondos como el Programa de Asociaciones Verdes (€25 millones en 2023), pero evitó mencionar una intervención militar estadounidense, limitándose a subrayar la cooperación con “socios, incluido EE.UU.”.

Este doble discurso —reconocer la cobertura del artículo 42.7 pero evitar confrontar a Washington— refleja las divisiones internas en la UE. Mientras Francia y Alemania ven el Ártico como una zona de influencia estratégica (París tiene territorios en la región, como San Pedro y Miquelón), países como Hungría o Eslovaquia priorizan no antagonizar a EE.UU. La dependencia europea de la OTAN —donde Washington aporta el 70% del gasto militar— limita cualquier movimiento autónomo de Bruselas. ¿Podría la UE negarse a actuar si la OTAN ya interviene? El tratado no lo especifica, pero el precedente de 2015 sugiere que la respuesta sería coordinada, no independiente.

Si EE.UU. actúa: ¿artículo 42.7 de la UE o artículo 5 de la OTAN?

Ante una operación militar estadounidense en Groenlandia, Dinamarca tendría dos vías:

1. Invocar el artículo 42.7 de la UE: Esto obligaría a los 27 a responder, aunque cada país decidiría el tipo de ayuda. Por ejemplo, España o Italia podrían limitarse a apoyo logístico (como en 2015), mientras que Francia o Polonia podrían desplegar tropas. Sin embargo, la UE carece de un ejército común, lo que complicaría una respuesta unificada.
2. Activar el artículo 5 de la OTAN: Este mecanismo, usado solo una vez (tras el 11-S), exige una respuesta militar colectiva. Dado que Groenlandia alberga la base de Thule —vital para el sistema de misiles balísticos de EE.UU.—, este camino parece más viable. La base, operada por la Fuerza Espacial estadounidense, alberga el radar AN/FPS-132, capaz de detectar misiles a 4.800 km de distancia.

El problema es que ambos mecanismos no son excluyentes, pero su activación simultánea podría generar conflictos de mando. La OTAN tiene una estructura militar centralizada (el Mando Supremo Aliado en Europa, con sede en Mons, Bélgica), mientras que la UE dependería de la voluntad política de cada Estado. Hungría, por ejemplo, ha bloqueado en el pasado sanciones contra aliados de EE.UU., como Turquía.

Este escenario pondría a prueba la autonomía estratégica europea, un concepto impulsado por Von der Leyen pero aún en pañales. Sin un ejército propio, la UE dependería de la buena voluntad de sus miembros, algunos reacios a confrontar intereses estadounidenses. ¿Estaría Europa dispuesta a desafiar a su mayor aliado por una isla de 56.000 habitantes? La respuesta podría redefinir el equilibrio de poder en el Ártico.

El fantasma de 1941: cuando EE.UU. ocupó Groenlandia sin permiso

El debate actual evoca un episodio histórico poco conocido: entre 1941 y 1945, Estados Unidos ocupó Groenlandia bajo el pretexto de protegerla de una invasión nazi, pese a que Dinamarca —entonces bajo ocupación alemana— seguía siendo su soberana. El gobierno danés en el exilio nunca autorizó la presencia estadounidense, pero Washington argumentó que la base de Bluie West-8 (hoy Kangerlussuaq) era vital para la defensa del Atlántico Norte. Durante esos años, EE.UU. construyó 15 estaciones meteorológicas, 3 aeródromos y un hospital, pero también impuso restricciones a los groenlandeses, como toques de queda y censura postal.

Tras la guerra, Dinamarca recuperó el control, pero en 1951 —bajo presión de la OTAN— firmó un acuerdo que permitió a EE.UU. mantener la base de Thule (ahora Pituffik). A cambio, Groenlandia recibió inversiones limitadas (unos $100 millones anuales ajustados a inflación), pero sin voz en las decisiones estratégicas. Hoy, el 70% de los groenlandeses desconfía de las intenciones estadounidenses, según una encuesta de la Universidad de Groenlandia (2022). El paralelo con la situación actual es inquietante: en 2019, cuando Trump propuso “comprar” la isla, el 89% de los encuestados por el diario Sermitsiaq rechazó la idea, y el gobierno autónomo lanzó la campaña #NotForSale.

Sin embargo, la dependencia económica persiste: el 20% del PIB groenlandés proviene de subsidios daneses, y otro 15% de proyectos vinculados a la base de Thule, según el Instituto Ártico de Copenhague (2023). Ahora, con la UE prometiendo protección pero sin claridad sobre cómo actuaría, la pregunta clave es: ¿Podrá Groenlandia evitar repetir la historia, o volverá a ser un peón en el tablero de las superpotencias?

¿Se avecina un nuevo “Acuerdo de 1951”?

Las señales son contradictorias. Mientras la UE reafirma su compromiso con el artículo 42.7, el gobierno groenlandés —liderado por Múte Bourup Egede, del partido Inuit Ataqatigiit— ha iniciado negociaciones secretas con empresas chinas para explotar minerales de tierras raras en Kvanefjeld, un proyecto valorado en $500 millones. Si Pekín gana influencia en la isla, Washington podría presionar a Copenhague para replicar el modelo de 1951: más bases a cambio de “protección”. La diferencia es que Groenlandia ya no es una colonia pasiva: tiene autogobierno desde 2009 y un Parlamento (Inatsisartut) que podría vetar acuerdos militares. Pero con el 60% de su población viviendo en ciudades costeras —vulnerables al cambio climático y a posibles bloqueos—, el margen de maniobra es limitado.

La UE promete ayuda, pero ¿llegará a tiempo para evitar otro “hecho consumado”? O, como en 1941, Groenlandia volverá a descubrir que, en el juego de las potencias, las promesas de protección suelen esconder intereses ajenos.

El precedente de las Malvinas: cómo la UE reaccionó (o no) a conflictos en territorios no comunitarios

La confirmación de que Groenlandia está amparada por el artículo 42.7 revivió un debate que la UE ya enfrentó en 1982, durante la Guerra de las Malvinas. Aunque las islas no eran (ni son) parte de la UE, su soberanía era —y sigue siendo— reclamada por España como territorio histórico vinculado a un Estado miembro. Sin embargo, cuando el conflicto estalló entre Reino Unido (entonces en la CEE) y Argentina, Bruselas no activó ningún mecanismo de defensa colectiva. La razón oficial: las Malvinas no eran “territorio europeo”, pese a que 1.800 ciudadanos británicos residían allí. El paralelo con Groenlandia es revelador: en ambos casos, la ambigüedad legal dejó a la UE en un limbo estratégico.

La diferencia clave radica en el estatus jurídico. Mientras las Malvinas son un territorio británico de ultramar (no parte de la UE), Groenlandia es una región autónoma danesa, lo que teóricamente la vincula al artículo 42.7. Pero el precedente malvinense expone un patrón: la UE evita involucrarse en disputas donde intervengan potencias extracomunitarias con intereses militares. En 1982, Francia y Alemania Occidental (miembros de la CEE) apoyaron logísticamente al Reino Unido —fuera del marco comunitario—, pero la respuesta fue bilateral, no europea. Hoy, con Groenlandia, el escenario es más complejo: Dinamarca es miembro de la UE y la OTAN, y la isla alberga infraestructura crítica de EE.UU. ¿Repetiría Bruselas su pasividad de 1982, o la presión de Washington y Pekín forzaría una respuesta coordinada?

Otro caso ilustrativo es el de San Pedro y Miquelón, archipiélago francés en el Atlántico Norte. Aunque es territorio de la UE (por ser parte de Francia), su defensa depende exclusivamente de la OTAN, no del artículo 42.7. En 2019, cuando Rusia incrementó su presencia naval en la zona, París desplegó la fragata FS Germinal sin consultar a Bruselas. Esto refuerza la tesis de que, en la práctica, la UE delega la seguridad de sus territorios ultramarinos en la OTAN, incluso cuando el tratado teóricamente los cubre.

Groenlandia: ¿excepción ártica o nuevo patrón de inacción?

Los antecedentes sugieren que la UE solo actúa cuando el conflicto ocurre en su “núcleo” geográfico (como París en 2015), no en territorios periféricos, por más que el tratado los incluya. Groenlandia podría ser la excepción: su valor estratégico en el Ártico y la competencia sino-estadounidense obligan a Bruselas a definir límites. Pero si la historia es una guía, la respuesta más probable será una declaración de apoyo político (como con Ucrania), seguida de una delegación táctica en la OTAN. El riesgo es que, una vez más, la UE quede relegada a un papel secundario, mientras las potencias extrarregionales —EE.UU., China o Rusia— deciden el futuro de un territorio que, sobre el papel, está bajo su paraguas de seguridad.