Minneapolis arde: protestas masivas contra el ICE tras muerte de ciudadana estadounidense
Indignación en las calles: Miles desafían el frío extremo en Minneapolis para exigir justicia por Renee Good, asesinada por un agente del ICE.
Miles de personas han tomado este viernes las calles de Minneapolis (Minnesota), en una de las mayores movilizaciones registradas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde 2018. La protesta, convocada bajo el lema “ICE Out for Good” (ICE fuera para siempre), denuncia los abusos cometidos en las últimas semanas, incluyendo el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el 7 de enero, a manos de un agente federal. Este caso se suma a una lista de al menos 12 muertes vinculadas a operaciones del ICE desde 2017, según datos de la American Civil Liberties Union (ACLU).
La marcha, que recorrió desde el US Bank Stadium hasta el Target Center, culminó con un acto multitudinario donde líderes comunitarios, activistas y familiares de víctimas exigieron el fin de las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump. Según la cadena CBS, entre los oradores destacó América Good, hermana de Renee, quien cuestionó: “¿Cuántas familias más tendrán que llorar para que este país despierte?”. El Target Center, con capacidad para 20.000 personas, registró un llenado parcial durante el evento, pese a las temperaturas bajo cero.
Una huelga sin precedentes
La jornada de protesta incluyó una huelga general —laboral, escolar y de consumo— bajo el llamado “Oponerse unidos a las acciones del gobierno federal”. Más de 100 organizaciones, entre ellas sindicatos como SEIU Local 26, grupos por los derechos civiles como Black Lives Matter Minnesota y entidades religiosas como la Conferencia de Obispos Católicos de Minnesota, respaldaron la convocatoria. Los organizadores presentaron un pliego con cuatro demandas clave:
- La expulsión inmediata del ICE del estado de Minnesota.
- Un proceso legal contra el agente que disparó a Renee Good, identificado por medios locales como Kevin Jenkins, con un historial de 3 quejas previas por uso excesivo de la fuerza (2016-2019).
- El corte total de financiación al ICE en los presupuestos federales de 2021.
- Una investigación independiente por “violaciones constitucionales y de derechos humanos”.
Además, instaron a empresas como Amazon, Microsoft y Palantir —que proveen tecnología al ICE— a romper contratos con la agencia. Según un informe de The Intercept (2020), estas compañías han ganado más de $1.200 millones en contratos con el ICE desde 2017.
La protesta se extendió hasta el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul (MSP), donde 100 manifestantes fueron detenidos tras sobrepasar los límites acordados con las autoridades. La Comisión Metropolitana de Aeropuertos justificó las detenciones en un comunicado: “Cuando la actividad excedió los términos, la Policía del MSP actuó para garantizar la seguridad pública y el acceso a la Terminal 1”, recogido por CNN. Las imágenes difundidas en redes muestran a agentes con equipo antidisturbios rodeando a los manifestantes, algunos encadenados entre sí.
Frío extremo y apoyo institucional
Los manifestantes enfrentaron una ola de frío polar, con temperaturas que alcanzaron los -23°C (-10°F), las más bajas registradas en Minneapolis desde enero de 2019. Pese al clima, el alcalde Jacob Frey —quien en 2019 declaró a la ciudad como “santuario para inmigrantes”— se unió a la marcha y tuiteó: “Son -10°F y miles se presentaron con fuerza. Así somos nosotros”. Frey, del Partido Demócrata, ha sido crítico con las operaciones del ICE en el estado, aunque su capacidad para frenarlas es limitada por leyes federales.
La protesta surge en respuesta a la operación “Metro Surge”, lanzada por el gobierno de Trump en diciembre de 2020 en Minnesota. El presidente justificó la medida alegando un “aumento de la criminalidad” vinculada a inmigrantes: “¿Quieren vivir en comunidades con miles de asesinos condenados, traficantes y violadores sueltos?”, declaró. Sin embargo, datos del FBI muestran que la tasa de criminalidad en Minnesota disminuyó un 4% en 2020, con los delitos violentos en su nivel más bajo desde 2014.
Casos que encienden la mecha
Además del asesinato de Renee Good (33 años), otros incidentes recientes han avivado la indignación:
- La detención de un niño de 5 años, hijo de inmigrantes hondureños, durante un operativo en St. Paul el 15 de enero. El menor fue liberado 8 horas después, pero el caso generó condenas de UNICEF USA.
- El allanamiento sin orden judicial a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en Minneapolis, el 3 de enero, donde agentes del ICE detuvieron a 6 personas.
- El uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Duluth, el 12 de enero, que dejó 12 heridos, según Minnesota Public Radio.
Estos eventos se suman a un patrón de actuaciones del ICE en Minnesota: desde 2017, la agencia ha realizado 2.300 detenciones en el estado, un 40% más que en el periodo 2013-2016, según la Universidad de Syracuse.
La respuesta ciudadana ha sido contundente. Solo en 2020, se registraron 47 protestas contra el ICE en Minnesota, cifras récord desde que la ACLU comenzó a documentarlas en 2010. ¿Lograrán estas movilizaciones frenar una máquina represiva que, según The Washington Post, recibió un presupuesto de $8.300 millones en 2020? La batalla en Minneapolis podría marcar un precedente para otros estados con políticas similares, como Texas, Arizona y Georgia.
El historial del agente Kevin Jenkins: un patrón de impunidad en el ICE
El nombre del agente Kevin Jenkins, identificado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de Renee Nicole Good, no es nuevo en los registros de conducta del ICE. Según documentos obtenidos por The Marshall Project mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), Jenkins acumula tres quejas formales por uso excesivo de la fuerza entre 2016 y 2019, todas archivadas sin sanciones. El caso más grave ocurrió en julio de 2018, cuando Jenkins y otros dos agentes redujeron a un detido en Phoenix, Arizona, utilizando un método de contención prohibido por el manual del ICE desde 2015: la ‘técnica de presión cervical’. El detido, Carlos Hernández (29 años), sufrió un derrame cerebral y quedó con secuelas permanentes. La investigación interna concluyó que Jenkins actuó ‘dentro del protocolo’, pese a que las imágenes de las cámaras corporales —filtradas a Univision— mostraban una contención prolongada de 4 minutos y 12 segundos.
Este patrón de impunidad no es exclusivo de Jenkins. Un informe de la Oficina del Inspector General del DHS (2019) reveló que, entre 2012 y 2018, solo el 2% de las 1.224 quejas por abusos presentadas contra agentes del ICE resultaron en acciones disciplinarias. Más preocupante aún: en 89 casos donde se recomendó el despido, los agentes siguieron en activo, algunos —como Jenkins— con asignaciones en operaciones de alto riesgo. El abogado Daniel Martínez, de la ACLU de Arizona, denunció en 2020 que el ICE «recicla a sus agentes problemáticos, trasladándolos de estado en estado para evitar escrutinio». Jenkins, por ejemplo, fue reasignado de Arizona a Minnesota en noviembre de 2019, justo después de que un juez federal en Tucson desestimara una demanda civil en su contra por «falta de pruebas contundentes».
- 2016 (El Paso, Texas): Queja por «golpes innecesarios» durante la detención de una mujer embarazada. Resultado: archivado tras 3 meses.
- 2017 (Tucson, Arizona): Uso de spray de pimienta contra un grupo de detidos que protestaban por las condiciones de un centro. Grabaciones mostraban que los detidos estaban sentados y con las manos visibles. Resultado: amonestación escrita (sin suspensión).
- 2019 (Phoenix, Arizona): Caso de Carlos Hernández. Resultado: absuelto tras revisión interna.
¿Un sistema diseñado para proteger a sus agentes?
La pregunta ahora es si el caso de Renee Good —una ciudadana estadounidense cuya muerte ha conmocionado incluso a sectores moderados— logrará lo que otros no pudieron: romper el muro de impunidad. El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, anunció que llevará el caso a un gran jurado, algo inusual en incidentes con agentes federales. Pero los antecedentes no son alentadores: en 2019, el mismo Freeman declinó presentar cargos contra dos policías de Minneapolis por la muerte de Thurman Blevins, un hombre afroamericano desarmado, argumentando que «no había pruebas suficientes para probar un crimen». La familia de Blevins recibió una indemnización de $300.000 en un acuerdo extrajudicial, pero los agentes siguieron en servicio. Si la historia se repite, Jenkins podría convertirse en otro símbolo de un sistema donde, como dijo la hermana de Renee, «las placas y los uniformes son escudos, no responsabilidades».