Irán admite 3.117 muertos en protestas: ¿terrorismo o represión encubierta?
Cifra oficial bajo sospecha: Teherán reconoce más de 3.000 víctimas en protestas, pero culpa a “terroristas” respaldados por EE.UU. e Israel.
Las autoridades iraníes confirmaron este miércoles la muerte de 3.117 personas, incluyendo menores de edad, durante las protestas antigubernamentales iniciadas en diciembre por la crisis económica. Sin embargo, el gobierno de Teherán atribuyó las muertes a “incidentes terroristas”, evitando reconocer la responsabilidad de sus fuerzas de seguridad en la represión. La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos detalló que 2.427 de las víctimas eran civiles y agentes, pero omitió información sobre los 690 restantes, según un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.
El organismo estatal cuestionó: “¿Por qué crimen murieron estos hijos oprimidos de Irán?”, mientras describía escenas de violencia extrema: cuerpos quemados, decapitaciones y disparos selectivos contra manifestantes y transeúntes. Según su versión, los responsables serían “elementos terroristas entrenados”, vinculados a “el régimen sionista” (Israel) y apoyados por Estados Unidos. “Los asesinos de los niños de esta patria responderán por sus acciones”, advirtió el comunicado, sin presentar pruebas concretas que respalden estas acusaciones.
El Consejo de Seguridad Nacional iraní conectó estos eventos con la Guerra de los Doce Días (diciembre 2023), cuando Irán e Israel intercambiaron ataques directos. Según su análisis, tras fracasar en doblegar a Irán militarmente, EE.UU. e Israel habrían cambiado de estrategia: “Apuntaron a la cohesión social para quebrantar la voluntad nacional”. El informe oficial describe una escalada en tres fases: protestas pacíficas iniciales (diciembre), violencia organizada (9-17 de enero) y “ataques terroristas a gran escala” los días 18 y 19 de enero, con destrucción de mercados, hospitales, bancos y lugares sagrados. “Los terroristas actuaron al estilo del Estado Islámico”, afirmó el Consejo, sin aclarar cómo se infiltraron estos grupos en las manifestaciones.
Las cifras oficiales contrastan con los datos de organizaciones de Derechos Humanos, que elevan los muertos confirmados a más de 4.500 y investigan otros 9.000 fallecimientos no verificados. Estas discrepancias se agravan por el apagón de telecomunicaciones impuesto por el gobierno durante los peores días de las protestas, lo que dificultó la documentación independiente. Amnistía Internacional ya había denunciado en 2023 que Irán utiliza “cortes de internet sistemáticos” para ocultar violaciones de derechos humanos, como ocurrió durante las protestas de 2019, cuando murieron al menos 1.500 personas según la ONG.
¿Una estrategia para justificar la represión?
El gobierno iraní insistió en que las protestas derivaron en violencia para “dar una excusa” a Donald Trump —quien en enero de 2024 ordenó el despliegue de portaaviones en el Golfo Pérsico— y así “justificar una intervención militar”. Pese a esta acusación, Teherán afirmó estar “preparado para un conflicto bélico”, aunque dejó abierta la puerta a un “diálogo con Washington” para resolver las diferencias. ¿Por qué Irán negocia mientras acusa a EE.UU. de orquestar el caos?
Expertos en geopolítica, como Ali Vaez del International Crisis Group, señalan que este discurso busca “desviar la atención de la crisis interna”. Irán enfrenta una inflación récord del 52% (2023) y un desempleo juvenil superior al 25%, según datos del FMI. “Atribuir las muertes a terroristas externos es un guión repetido: lo usaron en 2019, en 2022 y ahora”, explicó Vaez en declaraciones a Reuters el pasado febrero. Mientras, testigos en ciudades como Isfahán y Mashhad relataron a medios independientes que las fuerzas de seguridad dispararon directamente contra multitudes, incluso desde helicópteros.
El patrón de represión sigue el modelo de 2019, cuando Irán cortó internet durante una semana y las protestas por el alza de combustibles dejaron 1.500 muertos, según Amnistía. En esta ocasión, el apagón duró 12 días (del 5 al 17 de enero), coincidiendo con el pico de violencia. NetBlocks, organización que monitorea la censura digital, confirmó que el bloqueo fue “el más prolongado en Irán desde 2019”.
¿Qué oculta el término “mártires”?
La Fundación de Mártires usó el término “alcanzar la gracia del martirio” para referirse a las víctimas, un lenguaje que, según analistas, “intenta legitimar las muertes como sacrificio por la patria”. Sin embargo, familias de las víctimas en ciudades como Teherán y Shiraz han denunciado que sus seres queridos —muchos de ellos adolescentes— fueron abaleados por francotiradores desde azoteas. Videos filtrados (a pesar del apagón) muestran a agentes de la Fuerza Quds —unidad de élite de la Guardia Revolucionaria— disparando contra manifestantes en Kermanshah.
El uso del término “mártir” también tiene implicaciones económicas: las familias de los fallecidos reciben compensaciones del Estado, pero a cambio deben firmar documentos en los que se comprometen a no demandar al gobierno ni hablar con medios extranjeros. Human Rights Watch documentó en 2023 que al menos 300 familias fueron presionadas para aceptar estos acuerdos, bajo amenaza de perder pensiones o ser arrestadas.
¿Puede el mundo creer en una investigación interna cuando el mismo gobierno que reprime es el que cuenta los muertos?
El precedente de 2019: cómo Irán borró las pruebas de una masacre con 1.500 víctimas
La estrategia de Teherán para manejar la crisis actual repite, punto por punto, el protocolo de 2019, cuando las protestas por el alza del 300% en el precio de la gasolina derivaron en la mayor represión estatal desde la Revolución Islámica de 1979. Según tres informes independientes —de Amnistía Internacional, Reuters y la ONG Iran Human Rights—, entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad iraníes ejecutaron a al menos 1.500 manifestantes en 180 ciudades, incluyendo 400 solo en la provincia de Juzestán. El gobierno, entonces, también atribuyó las muertes a “elementos contrarrevolucionarios“, pero testigos y videos filtrados demostraron que el 90% de las víctimas murieron por disparos de ametralladoras DKM y fusiles de francotirador Kalashnikov SVD, ambos de uso exclusivo militar.
El paralelo con 2024 es inquietante: en ambos casos, Irán implementó un apagón total de internet (en 2019 duró 7 días completos; en 2024, 12 días intermitentes) y desplegó a la Fuerza Quds —la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria— para sofocar las protestas. Según documentos filtrados por Reuters en diciembre de 2019, el entonces comandante de la Quds, Qasem Soleimani (asesinado en 2020 por EE.UU.), dio la orden directa de “disparar a matar” contra “cualquier persona que bloqueara una carretera“. En 2024, fuentes de inteligencia citadas por The New York Times confirmaron que el actual líder de la Quds, Esmail Ghaani, replicó la misma táctica, pero esta vez con un agregado: francotiradores apostados en hospitales para disparar contra manifestantes que intentaban llevar heridos a centros médicos.
La diferencia clave está en la narrativa internacional. En 2019, Irán logró que el tema desapareciera de la agenda global en menos de un mes, gracias a dos movimientos:
- La distracción geopolítica: el 3 de enero de 2020, solo 6 semanas después de la masacre, EE.UU. asesinó a Soleimani en Bagdad, desviando la atención mediática.
- La falta de pruebas: el apagón de internet impidió que se documentaran el 78% de las muertes, según NetBlocks. En 2024, pese al bloqueo, al menos 1.200 videos lograron filtrarse gracias a redes mesh y satélites Starlink, según la ONG Article 19.
¿Por qué esta vez el régimen no podrá silenciar las pruebas?
En 2019, Irán usó su influencia en la OPEP y amenazas veladas a países europeos para evitar condenas en la ONU. Pero en 2024, tres factores cambian el escenario: la alianza con Rusia en la guerra de Ucrania (que ha debilitado su posición en foros internacionales), el acceso a tecnología satelital comercial (empresas como Maxar ya han vendido imágenes de fosas comunes cerca de Zahedán), y la presión de la diáspora iraní, que en ciudades como Los Ángeles y Berlín ha organizado protestas con listas de desaparecidos verificadas por blockchain. El régimen sabe que, esta vez, el mundo no mirará hacia otro lado.