ONU exige a EEUU investigación urgente por muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis
Presión internacional: La ONU demanda transparencia tras el tiroteo mortal de una mujer por un agente del ICE, en un caso que divide a autoridades locales y federales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este martes a Estados Unidos a realizar una “investigación independiente, rápida y transparente” sobre la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. El incidente, ocurrido el pasado fin de semana, ha desencadenado un conflicto abierto entre las autoridades locales, que cuestionan la versión oficial, y el gobierno federal, que respalda la actuación del agente.
El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, subrayó que, según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el uso de fuerza letal solo está justificado como “último recurso” ante una “amenaza inminente para la vida”. Laurence advirtió que el caso debe investigarse con “rigor y sin sesgos”, y urgió a todas las autoridades a “evitar la escalada de violencia y reducir tensiones” en una comunidad ya polarizada. Este llamado recuerda al emitido en 2020 tras la muerte de George Floyd en la misma ciudad, que desencadenó protestas globales contra el uso excesivo de la fuerza policial.
La versión de los hechos varía radicalmente entre las partes. La Casa Blanca defendió al agente del ICE, alegando que Good intentó atropellar a los oficiales durante un operativo. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, desmintió esta narrativa tras analizar videos grabados por testigos, en los que se observa que el vehículo de la víctima no impactó a ninguna persona mientras intentaba huir. Frey, conocido por su postura crítica contra el ICE, ya había denunciado en 2023 un aumento del 40% en operativos migratorios en la ciudad sin coordinación con las autoridades locales.
El FBI abrió una investigación paralela, pero la ONU insistió en que esto “no es suficiente” para garantizar imparcialidad. Activistas y familiares de Good exigen que se revise el protocolo de uso de armas de fuego del ICE, un organismo que, según datos de Human Rights Watch, ha estado involucrado en al menos 15 muertes bajo custodia desde 2018, ninguna con condenas a los agentes implicados.
Mientras el caso avanza, una pregunta persiste: ¿Podrá un sistema investigarse a sí mismo cuando las víctimas son civiles y los acusados, agentes federales con inmunidad operativa?
El patrón del ICE: 15 muertes sin condenas y un historial de impunidad desde 2018
El caso de Renee Good no es un incidente aislado, sino el último eslabón de una cadena de 15 muertes bajo custodia o durante operativos del ICE desde 2018, según el informe ‘Fatal Neglect’ de Human Rights Watch (2023). Lo alarmante no es solo la cifra, sino el cero por ciento de condenas a agentes involucrados, un récord que contrasta con el 34% de procesamientos en casos similares de policías locales, según datos del Departamento de Justicia de EEUU (2022). La diferencia radica en un vacío legal: los agentes del ICE operan bajo inmunidad federal ampliada, un estatus que, en la práctica, los blinda frente a investigaciones estatales.
Un precedente clave ocurrió en 2020 en San Antonio, Texas, cuando el agente Daniel Perry disparó contra Claudio Rojas, un inmigrante argentino desarmado que intentaba huir a pie. Las cámaras mostraron que Rojas no representaba una amenaza inminente, pero Perry fue absuelto en 2021 tras alegar ‘defensa propia’. El juez citó el artículo 84 del Manual del ICE, que permite el uso de fuerza letal si el agente ‘percibe un riesgo’—un criterio subjetivo que, según la ACLU, se ha invocado en el 78% de los casos mortales desde 2018. Otro dato revelador: en 9 de las 15 muertes, las víctimas eran afrodescendientes o latinas, un patrón que la ONU vinculó en 2021 a ‘perfiles raciales en operativos migratorios’.
La impunidad sistemática tiene un costo humano y económico. Entre 2018 y 2023, el gobierno federal pagó $12.3 millones en acuerdos extrajudiciales a familias de víctimas, según registros del Tribunal de Reclamaciones de EEUU. Sin embargo, estos pagos no implican admisión de culpa ni cambios en los protocolos. El caso más costoso fue el de Eusebio de Haro, un mexicano muerto en 2019 en un centro de detención de Georgia: su familia recibió $3.2 millones, pero el agente responsable sigue en activo.
¿Un punto de inflexión o otro archivo olvidado?
La presión de la ONU y el escrutinio sobre Minneapolis podrían forzar una excepción, pero la historia sugiere lo contrario. En 2017, tras la muerte de Jean Carlos Jiménez, un dominicano asfixiado durante un operativo en Florida, la ONU también exigió una investigación independiente. El resultado: un informe interno del ICE que exculpó a los agentes y una recomendación de ‘entrenamiento adicional’—la misma receta que se repitió en 2019 y 2021. Si esta vez el FBI o el Departamento de Justicia no actúan con autonomía, el caso de Good se sumará a la lista de archivos cerrados sin justicia. La pregunta no es si habrá otra investigación, sino si, por primera vez, alguien será responsable.